Solicitan al gobierno fortalecer la política pública contra Minas Antipersona

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Gobierno nacional para que fortalezca la implementación de la política pública de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), como garantía de no repetición para las víctimas y con el propósito de avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz, ante las dificultades que se han presentado por la existencia de minas y artefactos explosivos en los territorios más afectados por el conflicto armado.

Al presentar el primer informe de seguimiento a esta política, la PGN consideró alarmante que, con corte a agosto de 2020, según los registros de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se hayan presentado 114 accidentes por minas antipersonal y artefactos explosivos de tipo improvisado, con un saldo trágico de 18 personas muertas y 96 heridas, cifra que supera lo reportado en 2019.

El órgano de control rechazó la insistencia en el uso de este tipo de armas por parte de las organizaciones criminales y grupos armados ilegales, que entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2020 dejaron 433 víctimas en comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y en miembros de Fuerza Pública, principalmente en los departamentos Arauca, Antioquia, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

De acuerdo con la información reportada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre 1990 y julio de 2020 se han presentado 11.892 víctimas, de las cuales el 60.1% han sido militares y el 20% de los civiles afectados, es decir 1.220 corresponden a niños, niñas y adolescentes, víctimas de accidentes por Minas Antipersonal y artefactos explosivos improvisados (AEI). También ha habido un incremento en la proporción de víctimas civiles que alcanza al 58% del total de las registradas desde 2017.

El informe insistió en la importancia de que la Jurisdicción Especial para la Paz priorice un macrocaso sobre métodos y medios ilícitos de guerra durante el conflicto armado, así como la necesidad de avanzar en la inclusión de sanciones propias que privilegien el desminado humanitario y el suministro de información.

GARANTÍAS PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS

El ente de control solicitó al Gobierno brindar garantías a las comunidades afectadas por la presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) y avanzar en la atención y reparación integral de las víctimas.

Así mismo, priorizar la asignación para el desminado humanitario de los 166 municipios del país que aún no han sido intervenidos, con avance simultáneo de la estrategia de control y seguridad territorial, que garantice las operaciones de desminado y su sostenibilidad.

Actualmente, existen 391 municipios libres de sospecha de minas (212 liberados mediante operaciones de desminado humanitario y 179 mediante Consejos de Seguridad Municipal), 407 sin reporte de afectación y 322 municipios con algún tipo de sospecha y/o presencia de minas antipersonal.

Frente a la educación en el riesgo por las minas, el informe resaltó la inclusión en estos procesos pedagógicos de las comunidades étnicas y asociaciones de víctimas, para que sean desarrollados directamente en sus comunidades. Sin embargo, llamó la atención que este componente esencial de la política pública aún no tenga un plan operativo, fundamental para atender situaciones de emergencia en los territorios.

Para la PGN, si bien la política pública de la AICMA ha progresado en cada uno de sus tres componentes (Atención Integral a Víctimas, Desminado Humanitario y Educación en Riesgo de Minas), el actual plan estratégico y sus dos planes operativos (Desminado Humanitario y Asistencia Integral a Víctimas) no incorporan indicadores, mecanismos de seguimiento y plazos claros que reflejen de qué manera el país cumplirá con todas las obligaciones adquiridas en la Convención de Ottawa para el año 2025.

BRECHAS EN LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

En cuanto a la Asistencia Integral a Víctimas, el informe identificó brechas para el acceso a los servicios de salud, rehabilitación física, atención psicosocial y medidas de restablecimiento de derechos, debido a que gran parte de las personas afectadas se encuentran en zonas rurales con precario acceso al sistema, lo que dificulta la efectiva restitución de sus derechos; y llamó la atención sobre el bajo número de víctimas que han recibido indemnización administrativa, que apenas llega al 4% de las 11.738 víctimas de MAP, MUSE y AEI, incluidas en el Registro Único de Víctimas, RUV, entre 1990 y 2020.

Para la Procuraduría es indispensable la aplicación de enfoques étnicos y diferenciales en la Asistencia Integral a Víctimas –AIV-, tanto para niños, niñas y adolescentes, como para las mujeres, quienes representan el 5% del total de víctimas de accidentes por minas en el país, y para aquellas que asumen el papel de cuidadoras del sobreviviente.

DESMINADO Y ACUERDO DE PAZ

La Procuraduría llamó la atención sobre la necesidad de garantizar una mayor articulación entre la AICMA y otras iniciativas derivadas del acuerdo de paz, como la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la política de catastro o el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y la política pública de víctimas y restitución de tierras, lideradas por el Gobierno nacional. La persistencia de artefactos es un obstáculo para la adecuada implementación de estas iniciativas.

Actualmente, de los 170 municipios PDET 86 tienen sospecha o presencia de MAP, MUSE o AEI y no han sido aún priorizados para intervención, y otros 24 tienen operaciones suspendidas, por lo que se exhortó al Gobierno a avanzar en las garantías de seguridad y la generación de condiciones que permitan realizar el desminado humanitario, fundamental para el cumplimiento de las diferentes iniciativas en materia de desarrollo económico, social y productivo.

Así mismo, resaltó que de los 22 municipios incorporados en el plan de trabajo para la formación y/o actualización del catastro del año 2020, proceso diseñado para beneficiar las víctimas del conflicto, solo 3 se encuentran libres de presencia o sospecha de minas antipersonal, lo que significa que de los 19 que cuentan con alguna sospecha solo 4 han sido intervenidos y liberados; 6 siguen pendientes de priorización y en los otros 9 las operaciones están suspendidas, principalmente por falta de condiciones de seguridad.

De otra parte, la Procuraduría llamó la atención sobre el alto número de víctimas civiles que desempeñan labores de erradicación manual forzosa. Entre 2006 y julio de 2020 fueron afectados 417 civiles y 40 integrantes de la Fuerza Pública, por lo que se instó al diseño de protocolos de verificación y prevención para minimizar las acciones contra la vida e integridad de este personal.

La Procuraduría reconoció y celebró la entrada en operaciones de la organización Humanicemos DH, como una apuesta a la reincorporación social y económica de excombatientes, y como un aporte fundamental para la localización y señalización de minas, así como para la liberación de tierras.

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