La primera ‘papa caliente’ que tendrá que enfrentar el nuevo ministro o ministra que remplace a la saliente Margarita Cabello – designada por el presidente Duque como candidata a la Procuraduría – será definir qué va a hacer con la reforma a la justicia: ¿se va por el camino que había definido el Gobierno, que es llevar el proyecto al Congreso después de terminar de concertarlo con las cortes, o apoyar el referendo que ha propuesto el expresidente Uribe después de que la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en su contra. Ninguno de los dos parece despejado.

La de la justicia es una reforma que se ha vuelto casi imposible de sacar adelante en los últimos gobiernos. Alrededor de una decena de veces se ha venido al traste después de varios debates porque no logra el apoyo de los congresistas, porque termina llena de ‘micos’ o porque enfrenta la oposición de los magistrados de las altas cortes. En una ocasión, el entonces presidente Juan Manuel Santos llegó a tumbar una después de haber sido aprobada en una decisión bastante controvertida.

Por esa misma razón, el Gobierno del presidente Duque intentó una aproximación diferente al tema. Desde que llegó a su cargo la saliente ministra de Justicia, Margarita Cabello, prefirió impulsar lo que ella llamó los “pequeños grandes proyectos”, es decir, iniciativas que no tocan la estructura de la Rama Judicial ni las altas magistraturas, sino asuntos más cercanos al ciudadano y que, de paso, no generan una controversia tan grande en el legislativo.

Dentro de esa lógica, presentó seis proyectos de ley relacionados con temas como la conciliación, la participación de árbitros para resolver controversias sin necesidad de acudir a un juez y la jurisdicción agraria, para solucionar conflictos de tierras, entre otros temas.

“Un mejor acceso a la justicia no se logra con la presentación de un acto legislativo o con una ley estatutaria. Se requieren, pero hay muchas más actividades que se pueden hacer para lograr una justicia cercana, eficiente y oportuna, que es lo que está reclamando nuestro país”, señaló la ministra el viernes en un foro de Fedesarrollo.

Como ella lo afirma, ninguno de estos temas, todos muy útiles para facilitar el acceso a la justicia de quienes viven en las regiones más apartadas del país, requiere reforma constitucional.

Para los temas que si la requieren, que son los que tienen que ver con la estructura de la rama judicial, la ministra venía concertando con las altas cortes un proyecto de acto legislativo, en el que se proponen cambios al periodo de los magistrados, a la forma como se eligen y a los requisitos para llegar al cargo, entre otros muchos temas.

El borrador de ese proyecto, conocido por Colprensa, establece por ejemplo periodos de 12 años para los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y una edad mínima de cincuenta años para llegar al cargo.

Eso, con el fin de que la magistratura se convierta en trampolín para otras oportunidades en la carrera y sea más bien un puerto de llegada en la profesión.

Pero además, la reforma tiene otros temas que pueden tener un efecto positivo para hacer más efectivo el funcionamiento de la justicia como la posibilidad de acumular en una sola sentencia varios procesos que correspondan al mismo tema y el uso de herramientas tecnológicas para agilizar los procesos.

Sin embargo, se trata por el momento solo de un borrador, que debía terminar de ser concertado con las altas cortes antes de ser presentado al Congreso.

El referendo

La situación judicial del expresidente Uribe, sin embargo, transformó el escenario en que se estaba debatiendo esta reforma.

Apenas se conoció la medida de aseguramiento en contra del expresidente, la senadora Paloma Valencia propuso la convocatoria de una asamblea constituyente para reformar la justicia y en las últimas horas, el propio exmandatario habló de impulsar la convocatoria a un referendo con ese fin. “Hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados”, afirmó Uribe en su carta.

Hace unos días, cuando se discutía la propuesta de la asamblea constituyente, el presidente Duque, en entrevista con directores de medios regionales, se mostró partidario de continuar con su propia estrategia de reforma a la justicia, diciendo: “espero que ese proceso, que ya tiene un buen consenso político, institucional, en la academia, nos permita a nosotros avanzar”.

La senadora Paloma Valencia, aunque reconoce que la bancada de su partido espera contar con el apoyo del presidente a su iniciativa, dice que para ellos es fundamental que la reforma se haga a través del uso de un mecanismo de participación. “Nada más democrático que la asamblea constituyente. En los últimos años, hemos tenido 16 intentos de reforma a la justicia fracasados. ¿Qué nos dice que el Congreso va a poder sacarla esta vez?”.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, advierte que la iniciativa de referendo o de asamblea constituyente pueden carecer del consenso que se necesita para sacar adelante una reforma de este tipo.

“Cualquier tipo de solución que parta de la base de una consulta ciudadana, bien sea asamblea nacional constituyente o referendo requieren un consenso partidista y ciudadano y en ese sentido que un solo movimiento la promueva nos parece que no es la mejor estrategia para que fortalezcamos la justicia”, afirma.

Y el mayor riesgo es que el referendo no solo podría fracasar sino que podría llevarse consigo el proyecto que el Gobierno pretendía tramitar a través del Congreso, como lo advirtió el procurador, Fernando Carrillo, en el mismo foro de Fedesarrollo.

“Tenemos que dejar atrás las grandes macrorreformas, que han sido además el camino del fracaso de las reformas a la justicia en los últimos años. Primero porque no hay tiempo, segundo porque la dificultad de consenso ha sido grande. Sí creemos que es por la cúpula de la justicia por donde vamos a hacer los grandes cambios, esa es la ruta que ha demostrado ser ineficaz”, aseguró.

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