El pacto de Escazú, que establece un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, se adoptó en marzo de 2018. Colombia lo firmó el 12 de diciembre de 2019 y aún está en curso de ser ratificado.

En ese lapso, Colombia se convirtió en el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa del ambiente y el territorio, según Global Witness, pues 64 personas (entre ambientalistas, indígenas y campesinos) fueron asesinados en 2019, sumándose a los 24 homicidos en 2018.

Es una de las razones por las cuales las organizaciones civiles, la academia y organismos internacionales claman por que el país ratifique lo más pronto posible el Acuerdo. Para tal efecto, el Gobierno radicó el 20 de julio el proyecto de ley con mensaje de urgencia.

¿Qué implica ratificarlo?

A grandes rasgos, entre las acciones concretas a las que se compromete el país tras ratificar el pacto están: implementar datos abiertos y que las autoridades competentes respondan a una solicitud de información ambiental en un plazo no superior a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción.

En los procesos de toma de decisiones, deberá ser de dominio público la información detallada como la descripción del impacto ambiental de un proyecto o actividad, las medidas para atender dichos impactos e informes y dictámenes de autoridades al respecto.

También garantiza que haya mecanismos de reparación. Por ejemplo, restituir una área al estado previo al daño por parte del responsable, la compensación o el pago de una sanción económica y las garantías de no repetición.

Se compromete además a capacitar funcionarios y fortalecer instituciones para atender de una forma más calificada y eficiente los asuntos de carácter ambiental que se originen en los territorios.

Dice el senador Antonio Sanguino, integrante de la Comisión Segunda en la que cursa el proyecto en el Senado, que “el acuerdo no sustituye los avances en legislación ambiental en el país sino que los complementa”.

Por ejemplo, según recalcó el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, en la audiencia pública de ratificación del Acuerdo, el país ya viene realizando algunas de estas acciones, como la participación de cientos de habitantes en decenas de municipios, involucrados en la planeación y ejecución de las sentencias que, a lo largo del país, han ordenado restaurar ríos y ecosistemas.

Por otro lado, Escazú contempla medidas las cuales adolece el país, conforme explica la subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad, Vanessa Torres. “Es el primer instrumento vinculante en el mundo para reconocer el rol de personas defensoras del ambiente”.

Gracias a este, detalla, se podrá prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir los defensores del territorio.

Voces opuestas

A pesar de que en la audiencia pública realizada el pasado jueves, varios gremios del sector privado ponderaron la necesidad de brindar mejores garantías para defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, se mostraron en desacuerdo con que Colombia ratifique el Acuerdo.

En líneas generales expresaron que, tal como lo dicta el pacto, los procesos de concertación con las comunidades y elaboración de evidencia en cuanto a impacto ambiental, podrían significar un lastre para el desarrollo del país.

“La producción de la prueba del daño ambiental puede ser contradictoria y generaría inseguridad jurídica”, manifestó Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Asociación de Agricultores de Colombia.

Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo del Fondo Nacional Avícola, expresó que a su sector le preocupa “que cualquier proyecto productivo deba tener un permiso o consulta previa”.

Contrario a estos conceptos, el director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental, Gustavo Guerrero, piensa que el Acuerdo favorece al sector productivo que se acoja a la regulación ambiental, pues reduce “la incertidumbre jurídica frente a los denominados derechos de acceso”, proceso cuya resolución se dilata por los vacíos de interpretación que aún persisten en Colombia.

Mediante un documento la Andi concluyó que al poder ratificar el acuerdo en cualquier momento, “ahora no resulta conveniente ni necesario que el Congreso lo haga”, pues junto con otros gremios como Fedepetróleo, Fedearroz, Fedegán, Asocañas, Federación de Caferetos, Naturgas, entre otros, considera que Colombia tiene los instrumentos de ley necesarios para resolver sus asuntos ambientales.

El exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, criticó la posición de los gremios “por desconocer la urgencia que tiene el acuerdo para garantizar la protección de los líderes ambientales que ejercen este rol en el país más inseguro del planeta para hacerlo”.

El proyecto para su ratificación está pendiente de ponencia para su primer debate en Senado. Para que Escazú entre en vigor se necesitan que 11 países lo ratifiquen.

Por ahora van nueve. Una vez se completen entrará en vigencia en 90 días, tiempo que, según voces a favor del pacto, juega en contra de cientos de defensores en el país y de asuntos ambientales que esperan efectiva resolución.

Leave a Comment