Un grupo de organizaciones defensoras del medio ambiente, expertos en el tema ambiental y académicos, pidieron al Gobierno que, en un contexto de reactivación económica, revise su propósito de retomar las aspersiones aéreas con glifosato para luchar contra los cultivos ilícitos.

En una declaración firmada entre otros por WWF Colombia, el Foro Nacional Ambiental, Fescol, la Fundación Natura, la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana y las Universidades del Norte y Tecnológica de Colombia, aseguran que es “bastante preocupante que el gobierno insista en volver a una senda que ha demostrado ser poco efectiva para erradicar cultivos ilícitos y altamente cuestionable por sus implacables efectos, más aun en este momento tan complejo de la pandemia”.

Afirman, así mismo, que la fumigación con glifosato es un procedimiento muy costoso en términos sociales y ambientales que puede agudizar la vulnerabilidad y los conflictos en los territorios, además de los daños que puedan provocar a la salud de la población y al ambiente.

Recuerdan que “la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado al glifosato como “probablemente carcinógeno en humanos” (categoría 2A) dado que la evidencia es limitada en humanos aunque suficiente en animales. Además, está asociado a la probabilidad de sufrir abortos y problemas dermatológicos”.

Hace algunos días, luego de conocerse la ocurrencia de varias masacres en distintos lugares del país, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo reveló que el Gobierno sigue avanzando para cumplir las condiciones que impuso la Corte Constitucional para permitir el uso del glifosato en las aspersiones aéreas, que incluyen entre otras, acuerdos con las comunidades en donde se va a utilizar este químico.

“El glifosato ha ocasionado riesgos y daños en comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, y en cientos de ecosistemas con pocos resultados. En términos ambientales, la aspersión aérea puede impulsar la expansión de la deforestación en puntos críticos de biodiversidad”, agregan los expertos, quienes le piden al Gobierno hacer un estudio que compare la fumigación con otras alternativas, en materia de costos y beneficios para las comunidades.

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