La ola de violencia que se ha registrado en el país durante los últimos días ha vuelto a poner al país en el ojo del huracán por la disputa de los territorios entre grupos armados que pretenden controlar el narcotráfico tanto a nivel nacional como internacional.

El mismo presidente Iván Duque reconoció que la masacre ocurrida en Samaniego, Nariño, en la que murieron ocho jóvenes, se origina en este fenómeno. “Estos hechos están ocurriendo por el narcotráfico, por la presencia de grupos que quieren llenar de actividades ilícitas muchos lugares del territorio y los hemos enfrentado con total determinación y los seguiremos enfrentando”, aseguró.

Por esta razón, desde distintas instancias internacionales rechazaron los hechos y alertaron a las autoridades. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que existe una gran preocupación por este tipo de homicidios y reiteró la necesidad de proteger a estas comunidades, a los líderes sociales y a los excombatientes de las FARC.

Sin embargo, la ONU no fue la única en advertir del tema, también lo hicieron los embajadores de Francia (Gautier Mignot) y Alemania (Peter Ptassek) en Colombia, lo que provocó una respuesta de la Cancillería Colombiana, asegurando que el país acogía sus recomendaciones.

“Colombia es un país abierto al escrutinio internacional y comprometido con la plena garantía de los Derechos Humanos. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos opera en el país desde 1996; la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, desde 2005 y la Misión de Verificación de Naciones Unidas que acompaña la implementación del Acuerdo suscrito en 2016 por el Gobierno con la antigua guerrilla de las FARC, desde 2017. En el marco de todos estos mecanismos, el país recibe recomendaciones y observaciones, destinadas a fortalecer las capacidades institucionales para avanzar en la estabilización y la consolidación de los territorios”, señaló la Cancillería.

Para el analista Jairo Libreros este escrutinio internacional afecta de manera positiva al país, en el sentido de que la presión que estos generan puede ser determinante en la estrategia de intervención del Estado en materia de efectividad y asertividad.

Libreros agrega que en estos momentos a nivel internacional hay dudas sobre la capacidad y el interés que pueda tener Colombia frente a fenómenos tan delicados de violencia como la muerte de líderes sociales, defensores se derechos humanos y adolescentes en contextos muy críticos, donde la nota muy crítica es la falta de presencia social y militar del Estado.

“Esa situación a nivel internacional va a ser parte de la narrativa, lo cual va a afectar la confianza que muchos actores depositaron en Colombia después de la firma del acuerdo de paz del teatro colón”, indicó el analista.

Mauricio Jaramillo, analista político, señala que la imagen de Colombia también dependía de un compromiso internacional de participación en el posconflicto, pero a su juicio, desde que llegó este Gobierno no se ha mostrado interés en este aspecto. “Eso me parece que ha dañado mucho la imagen en cuanto al compromiso respecto de la paz”, indica.

“Si a eso se le añade ahora el surgimiento de estas masacres, además, que generan mucha sensibilidad en la comunidad internacional porque se trata de menores. Eso tiene un impacto muy duro”, agrega Jaramillo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores invitó a los embajadores de Alemania y Francia en Colombia a avanzar en un diálogo para fortalecer su cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las economías criminales.

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