Cali (Valle del Cauca), Ricaurte, Samaniego y Tumaco (Nariño), Arauca y Venecia (Antioquia) han sido escenarios de homicidios colectivos, este fin de semana, de los que se desconocen los autores.

Para castigar esos hechos, el Ministerio de Defensa anunció que creará una unidad especial para identificar, ubicar y judicializar a los responsables de esos delitos. Además, implementará un programa de recompensas. Lea aquí: Asesinan a tres jóvenes en el municipio de Venecia, Antioquia

El más reciente sucedió en Tumaco, donde seis jóvenes fueron asesinados y otros dos estarían desaparecidos. Los hechos se conocieron justo cuando el mandatario Iván Duque se preparaba para realizar un Consejo de Seguridad en Nariño, que tuvo lugar en Chachagüí, y que tendrían como foco otras dos masacres que hubo en el departamento.

El mandatario afirmó: “Hablemos del nombre preciso: ‘homicidios colectivos’, y tristemente hay que aceptarlo como país, no es que volvieron, no se han ido”. Lea aquí: Mindefensa: masacres tienen relación con narcotráfico y grupos ilegales

El debate entre el término ‘masacre’ u ‘homicidios colectivos’ es un asunto semántico, debido a que ambos significan lo mismo: asesinatos de 3 o más personas en estado de indefensión. Así lo indica el director Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo.

“El único punto común de los hechos recientes es que todos se presentaron en lugares que viven disputas de grupos armados por la minería del oro, el contrabando de todo tipo de bienes ilegales y tienen presencia de grupos al margen de la ley. Cada caso debe leerse en su contexto local”, afirma.

Restrepo agrega que estos municipios han sido priorizados para el posconflicto y cuentan con planes como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Es decir: sí hay presencia del Estado.

No obstante, el defensor del pueblo, Carlos Negret, consideró que “lo que ha ocurrido en estas zonas es el resultado de la falta de presencia estatal en los departamentos de Cauca, Valle, Arauca y Nariño. La razón de esta guerra que se vive es el negocio ilícito del narcotráfico, pero también la minería ilegal”.

No es un regreso al pasado

Los homicidios colectivos, tristemente, se han repetido en la historia del conflicto armado de Colombia. Y aún después de que se firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc siguieron ocurriendo. Cerac documentó 10 de estos sucesos en 2016, 4 más en 2017, 15 en 2018 y 20 en 2019.

El Ministerio de Defensa estima que de enero a junio de 2020 hubo 10 masacres en el país. En contraste, los datos de la Cerac, consolidados hasta agosto, indican que se han presentado 27 de esos sucesos. Si bien hay un patrón de violencia, analistas dicen que no es igual al que vivió Colombia en la lucha contra las Farc.

Al preguntarle al coordinador de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, Juan Carlos Garzón, qué ha cambiado en este ámbito, el experto asegura que “de grandes organizaciones dominantes hemos pasado a múltiples organizaciones con influencia local, que tienen un control más inestable, con mandos volátiles y que producen impactos humanitarios importantes en sus zonas. Ahora tenemos un conflicto más fragmentado, con distintas caras, que está generando un deterioro de las condiciones de seguridad en el país”.

Esa diversidad de actores hace difícil identificar a los responsables. Duque indicó que “estos hechos son cometidos por la criminalidad organizada, como puede ser el caso en Llano Verde (Cali), pero también son producto de grupos criminales como las disidencias de las Farc, el Eln, el Clan del Golfo, Los Caparros, Los Pelusos y otras bandas al servicio del narcotráfico y extracción ilegal de minerales”.

El pasado 17 de agosto la Misión de la ONU en Colombia publicó un comunicado en el que manifestó su preocupación por el aumento de la violencia en el país. Y ese, al final, es el temor latente

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