El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó cargos al general del Ejército, Jorge Arturo Salgado, por presunta corrupción, mientras fungió como comandante de la Séptima División de la institución castrense, que opera en Antioquia.

Según el fiscal del caso, los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017, momento en el cual el general, presuntamente, adjudicó contratos a dos empresas, con el fin de que generara beneficios para él y su familia.

“Interés indebido en la celebración de contratos. Utilizando su cargo y abusando de sus funciones usted se interesó e intervino junto con el coronel Harold Páez Roa para que se le adjudicara los contratos de cafetería y catering por intermedio de dos empresas”, dijo el fiscal.

El delegado de la Fiscalía reseñó que el modus operandi que utilizó el general estuvo denominada en la generación de beneficios a su favor a través de la contratación adjudicada a Distrilogística e Ingeniería y Construcción de Diseños.

“El jefe del estado mayor (general Salgado) le informaba a Páez Roa que debía adjudicar contratos a una empresa que pertenecía a Samir García Buitrago. Les entregaba la información que era reservada en la etapa precontraactual a esas personas”, dijo el fiscal.

Lo que expuso el delegado de la Fiscalía es que Salgado habría favorecido en tal adjudicación de contratos, con el fin de que se le pagaran unas facturas personales.

“Entre otros, los requerimientos especiales eran tiquetes aéreos para el general y su familia, pagar cuenta en restaurantes, pagar actividades sociales realizadas por el general, pagar alquiler de dos fincas de recreo para él y su familia, pagar combustible de vehículos en Bogotá, pagar facturas de celulares y Directv de la casa fiscal”, dijo el fiscal.

En ese caso, el delegado del ente acusador señaló que Samir García fue beneficiado en seis contratos para pagar, con esto, los beneficios que recibió el general. Los contratos estarían firmados entre abril de 2016 y diciembre de 2017 por más de 331 millones de pesos, por objeto de servicio de restaurante, cafetería y catering.

Mientras que los contratos de Ingeniería y Construcción de Diseños se registraron por un valor superior a los 1500 millones de pesos a la ingeniera Bibiana González. En este caso, era mejoras y mantenimientos a los comandos y viviendas de las fuerzas.

“A través del favorecimiento usted general Salgado siendo funcionario público se apropió de recursos estatales”, dijo el fiscal, quien le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.

Por estos hechos, el fiscal delegado solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia para el mayor general en retiro. Este proceso investigativo es el resultado de un reporte recibido por el Ejército Nacional, que detectó algunas de las anomalías en un plan estratégico anticorrupción.

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