El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1068 de julio de 2020, a través del cual se reglamenta el proceso que permitirá la depuración de las sociedades no operativas, o empresas consideradas como fachadas.

El decreto le permite a la Superintendencia de Sociedades iniciar el proceso para declarar la disolución de las sociedades que no cumplan durante tres años consecutivos con la renovación de la matrícula mercantil o el envío de la información financiera a la entidad.

El superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, destacó que este tipo de sociedades no genera ningún valor a la economía del país y, por el contrario, se constituyen en un riesgo para la preservación del orden público económico.

“Es muy importante para el ecosistema empresarial poder hacer esta depuración, pues nos permite tener claridad sobre las sociedades que realmente están realizando actividades empresariales y generando valor, riqueza y empleos”, señaló Liévano.

Agregó que “en muchos casos, sociedades que nunca operaron o que dejan de operar y no generan ingresos operacionales, y que no disuelven y liquidan, pueden ser usadas para actividades ilícitas”.

Lo indicado en el decreto reglamentario aplica para las sociedades mercantiles sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, y que no estén sujetas a la supervisión de un ente especializado o que no estén en un proceso de insolvencia de que trata la Ley 1116 de 2006.

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