Futuro de la gerencia del Banco de la República está en manos de la Corte

Durante esta semana, en Sala Plena virtual, la Corte Constitucional estudiará una demanda contra la ley 1821 de 2016, que establece el retiro forzoso para funcionarios públicos, cuando cumplan 70 años. La determinación del alto tribunal podría determinar el futuro de la gerencia del Banco de la República.

De acuerdo con la demanda, “el legislador incurrió en una omisión legislativa, por no incluir a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República dentro de las excepciones a la aplicación de la edad de retiro forzoso de quienes desempeñan funciones públicas”.

Respecto del artículo 372 de la Carta Política, la demandante sostuvo que si se aplica la edad de retiro forzoso a los miembros de la Junta Directiva, se abre la puerta a que en un mismo periodo presidencial se pueda designar más de dos miembros, lo que se denomina como “el principio de estabilidad de los miembros de la Junta Directiva”.

La demandante afirmó que la edad de retiro forzoso aplicada a los miembros del Banco de la República afecta el equilibrio de poderes, y tiene consecuencias similares a las de la segunda reelección presidencial.

Bajo ese entendido, la demanda plantea que la ley podría poner en riesgo la independencia del Banco, pues en caso de retiro forzoso, podría quedar en manos del Gobierno la elección del nuevo gerente del emisor.

No obstante, lo anterior se suma a que Juan José Echavarria, actual gerente del Banco de la República, quien debe ser reelegido hasta el próximo año en su cargo, cumplirá 70 años.

El magistrado Antonio José Lizarazo, es el ponente y encargado de dirimir este tema, por lo que no escatimó en solicitar los conceptos de la Procuraduría General y el Ministerio de Justicia, quienes no dieron aval a que se tumbara la norma.

El Ministerio Público, por su parte, consideró que el alto tribunal debe declararse inhibida debido a que la demanda propuesta no cumple con los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, en el sentido que los cargos no permiten determinar de qué manera la disposición acusada viola cuatro de los artículos de la Carta Política.

Sobre los argumentos de la demanda, el ente de control fue enfático en asegurar que “la totalidad de la demanda estuvo encaminada a señalar algo que no se discute, esto es, la autonomía del Banco de la República. Y es que como se dijo, la norma demandada no regula ningún aspecto de dicha autonomía, sino que se limita a señalar una edad máxima de retiro forzoso a quienes desempeñen funciones públicas. De este modo, hay carencia total de conexión entre la norma demandada y el supuesto argumento que alega la demandante”.

En este caso, el Ministerio Público consideró que la supuesta configuración de una omisión legislativa en relación con el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 1821 de 2016, carece de los requisitos de claridad, suficiencia y de pertinencia.

“En efecto, la demanda contiene una inadecuada comprensión del problema jurídico, razón por la cual no cumple con el criterio de pertinencia, es deficiente en sentido argumental, y no genera una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición demandada”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia le dijo a la Corte que debía declarar exequible la norma, es decir, que la deje funcionando como está.

“En lo relacionado con la naturaleza de los empleados del Banco, se establece en el artículo 38 de sus estatutos, particularmente, respecto de los miembros de la junta directiva que con excepción del Ministro de Hacienda, los demás miembros de la Junta Directiva tienen la calidad de funcionarios públicos de la banca central, su forma de vinculación es de índole administrativa y el régimen salarial y prestacional de los mismos será el establecido por el presidente de la República”, dice el documento elevado al alto tribunal.

Leave a Comment