El inesperado giro que dio el proceso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, sobre su deportación a territorio colombiano, dejó un sinsabor en su equipo de abogados, quienes aseguran que interpondrán las acciones legales para garantizar su seguridad física y jurídica.

La extradición del exjefe paramilitar ha estado viciada por errores que, finalmente, terminó admitiendo la Cancillería colombiana. Una orden de captura vencida, así como la solicitud hecha al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en español, han sido la seguidilla de fallas cometidas por el Estado.

De ahí que Human Rights Watch este domingo, al conocer la nueva situación sobre Mancuso, solicitara al Estado colombiano agotar las vías legales para lograr la extradición desde Estados Unidos. Cabe mencionar que la decisión de deportar a Mancuso, según su abogado Jaime Paeres, obedece a una situación netamente política.

“Hasta ahora, las autoridades colombianas han hecho mediocres esfuerzos por lograr su retorno. El líder paramilitar debería rendir cuentas por sus atrocidades, y su testimonio podría ser extremadamente valioso para lograr la verdad plena sobre crímenes cometidos por grupos paramilitares y sus cómplices”, argumentó el órgano internacional en su documento.

De acuerdo con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, “hasta ahora las autoridades colombianas han hecho muy poco para lograr su extradición, y los pasos que han tomado han sido notoriamente negligentes”.

Vivanco recordó el prontuario de Mancuso mientras fungió como jefe de las extintas AUC, en donde cometió más de 1500 homicidios y desapariciones forzadas, a la vez que transportaba droga hacia Estados Unidos, de ahí que una corte federal de ese país lo condenara a 15 años de prisión.

Cabe mencionar que la puja de extradición de Mancuso se registró desde marzo pasado cuando fue dejado en libertad al cumplir su pena en territorio extranjero, el otrora exjefe paramilitar tiene nacionalidad italiana, por lo que su equipo de abogados hizo lo posible para su deportación al país europeo.

Respecto de los cientos de delitos cometidos, Human Rights Wacht anunció que Mancuso ha reconocido estos hechos y frecuentemente ha implicado a otros comandantes y políticos en los mismos.

“En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe extraditó a Mancuso y otros 13 comandantes paramilitares de forma abrupta a los Estados Unidos para que fueran procesados por causas de narcotráfico”, reseñó Vivanco.

El director del órgano internacional reseñó que Uribe “es el mentor del actual presidente Iván Duque” y el líder del partido de gobierno, el Centro Democrático.

“Los comandantes paramilitares fueron trasladados a Estados Unidos luego de que la Corte Constitucional de Colombia ordenara que los paramilitares debían contar toda la verdad sobre sus crímenes e identificar a sus cómplices si deseaban obtener sentencias reducidas con arreglo a la Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005”, dice el documento.

Ese acuerdo aprobado por la Corte Constitucional, le dio a Mancuso para que le concedieran una pena alternativa de ocho años de prisión, que a juicio de sus abogados, ya cumplió en territorio colombiano.

Parte de ese pacto, como bien lo han expresado las autoridades judiciales, es con su verdad, contar quienes eran sus aliados en los crímenes cometidos en el país.

MANCUSO Y EL PROCESO EN COLOMBIA

Por ello, Human consideró que al momento de la extradición de Mancuso, la Corte Suprema estaba logrando avances significativos en investigaciones en contra de aliados de Uribe en el Congreso, así como de otras autoridades departamentales y municipales posiblemente implicadas en vínculos con grupos paramilitares.

Si bien, la extradición cortó abruptamente el proceso de verdad y reparación, Mancuso siguió cumpliendo con los compromisos adquiridos, por lo que en territorio extranjero continuó confesando sus crímenes y entregando bienes de valor significativo en Bogotá.

“En noviembre de 2019, un juzgado de Bogotá concluyó que Mancuso ya había cumplido con su pena de Justicia y Paz en los Estados Unidos y le otorgó la libertad condicional. Pero el 11 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión de noviembre pasado y ordenó el arresto de Mancuso. El Tribunal solicitó al Ministerio de Justicia que procurara la extradición de Mancuso. La decisión del 11 de agosto se produjo después de una apelación interpuesta por parte de un abogado de las víctimas y de la Fiscalía”, reseñó Human Rights.

Para el organismo internacional es claro que las autoridades judiciales colombianas aún están adelantando cientos de investigaciones por crímenes de guerra en contra de Mancuso, de acuerdo con entrevistas a fiscales y documentos judiciales a los que tuvo acceso el organismo.

“Si Mancuso confiesa su rol en estos delitos y coopera con el sistema judicial, es probable que muchos de estos casos sean consolidados con las condenas por Justicia y Paz. Pero con arreglo a las decisiones de la Corte Constitucional, Mancuso podría perder los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y obtener largas penas en prisión si comete nuevos delitos, miente sobre sus crímenes o no coopera debidamente con el sistema judicial”, aseguró Vivanco en su documento.

Human Rights Watch aseveró que Mancuso no tendría incentivos para seguir cooperando con la justicia colombiana si se le permite viajar a Italia. “Las autoridades colombianas han formulado tres pedidos de extradición en relación con Mancuso. Los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación y algunos jueces han estado involucrados en estas solicitudes”.

El expediente de Mancuso ha sido conocido abiertamente por Human Rights, de ahí que estén al tanto que en junio de este año, fiscales de Estados Unidos hicieron una solicitud a un tribunal federal de Georgia a pedido de autoridades colombianas, instando a la extradición de Mancuso en relación con una sentencia a 27 años de prisión por dos casos de secuestros y homicidios cometidos en 1997.

Sin embargo, días después, Colombia repentinamente retiró su solicitud. Si bien las autoridades colombianas no dieron una explicación al respecto, Human Rights Watch habría confirmado que la solicitud fue retirada porque los tribunales ya habían consolidado esa sentencia con las decisiones de Justicia y Paz y consideraban que la pena ya había sido cumplida.

“Una lectura rápida y superficial de la condena relevante de Justicia y Paz y una búsqueda online hubieran sido suficiente para que las autoridades colombianas descubrieran el inexcusable error que cometieron con la solicitud de extradición de Mancuso”, sostuvo Vivanco.

Entre marzo y mayo, las autoridades colombianas redactaron otras dos solicitudes de extradición en relación con casos de homicidios, secuestros y desplazamientos forzados, según dijeron fuentes judiciales a Human Rights Watch.

Pero las autoridades de Estados Unidos no aceptaron las solicitudes, aparentemente porque los fundamentos legales no coinciden con la legislación de Estados Unidos, un requerimiento estándar para casos de extradición desde ese país.

“Esto teniendo en cuenta que hay cientos de casos pendientes contra Mancuso y que las autoridades colombianas tienen una abundante experiencia con procesos de extradición, estas tres mediocres solicitudes de extradición son difíciles de compatibilizar con la importancia que merece este caso”, sostuvo Human Rights Watch.

De acuerdo con el organismo internacional, Colombia también podría solicitar la extradición de Mancuso por un caso de lavado de dinero por el cual fue imputado en 2014, y por el cual también podría perder sus beneficios bajo la Ley de Justicia y Paz si llegara a ser condenado.

“Fuentes judiciales señalaron a Human Rights Watch que hasta ahora no han pedido la extradición de Mancuso en este caso, porque supuestamente se encuentra ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, relata el documento.

Respecto de la JEP, la ONG dejó claro que la justicia transicional no tiene facultades legales para solicitar una extradición. Según la Fiscalía, en octubre de 2018, un juez de la justicia ordinaria colombiana “suspendió cualquier actividad judicial” en el proceso sobre lavado de dinero, porque algunos de los indiciados (aunque no Mancuso) habían solicitado la remisión del caso a la JEP.

Sin embargo, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, sostuvo en un comunicado del 12 de agosto que “no hay ningún impedimento para que Colombia tramite la extradición de Salvatore Mancuso”, Human Rights Watch no ha podido determinar que exista algún esfuerzo serio por anular la suspensión del proceso de lavado de dinero para así solicitar la extradición de Mancuso por este caso.

Mancuso ha pedido que algunos de sus casos sean sometidos a la JEP. Sin embargo, su solicitud, a la que tuvo acceso Human Rights Watch, está vinculada con hechos de los años 80 y 90 y no incluye el presunto caso de lavado de dinero, que habría ocurrido después de su desmovilización, a mediados de los años 2000.

Cabe recordar que en junio pasado, una sala de la JEP rechazó el sometimiento de Mancuso. Su equipo de abogados apelaron, sin embargo, este trámite no es un obstáculo para su extradición, según el comunicado del 12 de agosto de la presidenta de la JEP.

Respecto de la actuación del presidente Duque en el proceso, Vivanco hizo un fuerte llamado dado que, en su momento, el mandatario de los colombianos señaló que “más se demora él en pisar suelo italiano, que en yo presentarle a la Corte Penal Internacional directamente una solicitud para que sea procesado por esos crímenes”.

Vivanco recordó, que la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de última instancia que solo ejerce su jurisdicción cuando las autoridades nacionales no llevan a cabo procesos penales genuinos.

“En lugar de hacer anuncios espectaculares sobre su intención de llevar a Mancuso a la CPI, sería mucho más útil que el presidente Duque priorice este caso y se asegure que su gobierno haga esfuerzos urgentes, oportunos y eficaces para lograr la extradición de Mancuso a Colombia”, sostuvo Vivanco.

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