En firme dejó el Consejo de Estado la destitución e inhabilidad de 10 años que el Ministerio del Trabajo le impuso a un servidor que pidió dinero a una mujer para tramitar un recurso que esta interpuso contra la empresa en la cual trabajaba.

El proceso disciplinario contra el hombre se inició a raíz de la queja que formuló la mujer, quien señaló que el funcionario le solicitó 200.000 pesos como adelanto para poder tramitar una reclamación que presentó para hacerse a unas acreencias laborales, presuntamente, adeudadas por la empresa en la cual trabajaba, de donde fue despedida, aparentemente sin justa causa.

El destituido exfuncionario interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra este fallo disciplinario. Sostuvo que en el pliego de cargos no se hizo referencia a las normas violadas, que su defensa no tuvo acceso a la investigación, entre otras irregularidades.

El Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el pliego de cargos fue claro y preciso y que, pese a que en él se hizo mención a una falta disciplinaria que no correspondía, ello no le impidió al procesado el ejercicio de la defensa.

Añadió que la decisión del Ministerio de no practicar algunas pruebas solicitadas por la defensa no vulneró el debido proceso, sino que fue una medida razonable, pues no había necesidad de tener en cuenta estos elementos en el proceso. Además, precisó que la defensa sí tuvo acceso a la investigación.

El fallo advierte también que el hecho de que el exfuncionario no haya contado con la asistencia de una defensa técnica al momento de rendir versión libre tampoco constituye una irregularidad, pues el proceso disciplinario la defensa técnica es prescindible. Para la alta corte, las pruebas demuestran que la conducta se adecuó a la falta que se le endilgó, consistente en la utilización de su cargo para solicitar un dinero de manera indebida, que no tenía ningún título válido.

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