Al menos 60 organizaciones de derechos humanos que operan en Cúcuta (Norte de Santander), denuncian reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos al margen de la ley, y la inacción de las autoridades locales, regionales y nacionales.

“A pesar de los esfuerzos de las autoridades por subestimar los gravísimos hechos de violencia que vienen ocurriendo en el Área Metropolitana de Cúcuta, es innegable el desbordamiento de la violencia representada por cuatro masacres ocurridas en el último mes, dejando 23 personas asesinadas; 145 homicidios, de los cuales 94 fueron a través de la modalidad de sicariato, cometidos durante el primer semestre y el desplazamiento masivo de alrededor 900 personas, que conllevan a una verdadera emergencia humanitaria”, reposa en el documento.

Las organizaciones llaman la atención que, además, de estas situaciones se vienen presentando con mayor frecuencia desmembramientos e incineración de cuerpos a al menos siete ciudadanos, alrededor de 16 desapariciones forzadas y cinco torturas.

En el informe reposa que a pesar del silencio institucional se reporta el aumento permanente de casos de desplazamiento individual, amenazas a comunidades, organizaciones y líderes.

Sin contar que el confinamiento en área urbanas y rurales aumentó tras la disputa de grupos al margen de la ley, sumado a la instalación de retenes y realización de patrullajes ilegales sobre las vías principales, trochas o pasos ilegales.

En el reporte dan cuenta que se siguen registrando con más frecuencia las restricciones a la movilidad y la exigencia del pago de cuotas por el tránsito, el despojo de bienes materiales, enseres, viviendas y tierras, la masificación del cobro de cuotas extorsivas a ganaderos, palmeros, arroceros, limoneros y a comerciantes formales e informales en general.

“Hemos alertado acerca de la gestación de un proceso de reconfiguración de actores armados ilegales en el Área Metropolitana de Cúcuta, representado en disputas, declaratorias de guerra y nuevas alianzas de sectores del paramilitarismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada, en zonas urbanas y rurales en donde existe una importante presencia de la fuerza pública”, dice el documento.

Cabe mencionar que las organizaciones reiteran que los hechos mencionados fueron precedidos por alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, Acciones Urgentes y denuncias públicas de organizaciones de derechos humanos, sin que en ninguno de los casos hubiese respuesta adecuada por parte de las autoridades civiles y militares del nivel nacional, regional y local para proteger la vida y los derechos de ciudadanía.

El informe revela que las comunidades están ante la generalización de la violencia y recapitulación del terror de la época del llamado Bloque Fronteras de las extintas AUC, que su comandante tenía como premisa que “en esta área no se movía una paja sin su autorización”, y destacaba que estaba por encima de los poderes públicos y la sociedad.

“Manifestamos preocupación por el retorno sin garantías plenas a las comunidades desplazadas de La Silla, Totumito-Carboneras – Tibú, Vigilancia, Totumito Cúcuta, exigimos activar y concertar la ruta establecida en la Ley 1448 para estos casos”, expusieron y añadieron que instan a los organismos internacionales de derechos humanos a interceder ante el gobierno de Colombia para que se implemente en el menor tiempo posible el Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades, líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres y de género a cargo del Ministerio del Interior en los territorios, incluyendo las garantías de seguridad para defensores de derechos humanos.

Entre los firmantes de esta denuncia se encuentran la Corporación para la Paz y el desarrollo Alternativo (COPAZ), la Fundación Rostros Diversos LGBTI, Fundación Progresar, Corporación PoderPaz y Asociación Campesina de Catatumbo (ASCAMCAT), entre otras.

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