El próximo jueves, en Sala Plena, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia podría definir si el exsenador Álvaro Uribe sigue siendo investigado por dicha corporación o si el proceso en su contra por manipulación de testigos, queda en manos de la Fiscalía.

Fraude procesal y soborno, son los delitos por los cuales la Corte Suprema tiene a Uribe Vélez en casa por cárcel, en Córdoba, en una de sus fincas, sin embargo, el proceso dio un giro luego de que el expresidente decidiera renunciar a su curul en el Congreso de la República.

Su defensa solicitó que el proceso en su contra se adelante por parte de la Fiscalía dado que los delitos no relacionan su actividad como senador. Sin embargo, la petición no es solo por el expediente de la presunta manipulación de testigos, sino también porque la Corte empezó a moverse nuevamente en la investigación que tiene el exsenador por la masacre El Aro, en Antoquia, posterior a que culminara su periodo como gobernador en ese departamento.

Para el penalista y exfiscal Camilo Burbano “es claro que los procesos deben pasar a la Fiscalía General de la Nación, ya que estos hechos se investigan cuando el exsenador Uribe era gobernador de Antioquia, por lo tanto no tiene ninguna relación con su cargo, ni la forma cómo llegó a la curul en el Congreso”.

Por lo tanto, según la hipótesis del penalista, los expedientes pasarían específicamente a los fiscales delegados ante la Corte y en caso de ser llamado a juicio la diligencia se realizará ante la Corte Suprema de Justicia, por tener fuero como gobernador.

Cabe mencionar que, si bien, los hechos cometidos en El Aro datan de los años 90, la investigación aún está vigente porque se investigan delitos de lesa humanidad que no prescriben pese al pasar del tiempo.

Respecto del proceso de presunta manipulación de testigos, la más reciente solicitud es la de la Procuraduría que en un concepto le dijo al alto tribunal que con la renuncia de Uribe desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.

En su análisis, la Procuraduría estableció que la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo.

Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República.

“No hay prueba de que el doctor Uribe Vélez, con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta: por un lado, que si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como senador para, supuestamente, cometer tales delitos, mucho menos obra alguna encaminada a demostrar que en la presunta comisión de los mismos se excedió o abusó de sus labores congresuales”, dice el documento.

Si bien, la postura del Ministerio Público es radical, para el expresidente de la Corte Suprema Alfonso Gómez Quintero el proceso de Uribe debe seguir en manos del alto tribunal.

“El simple hecho de haber cometido los presuntos delitos siendo senador sólo le da competencia a la Corte mientras mantenga la condición de congresista. Si renuncia, la Corte tiene dos opciones: si el delito no tiene relación con la función o con el ejercicio del cargo, la Corte pierde competencia, el asunto va a Fiscalía, y dos si se decide que los presuntos delitos sí ofrecen aquella relación la Corte mantiene la competencia”, señaló el exmagistrado.

Para Gómez no es extraño que se concluya que el ejercicio del cargo de senador se utilizó como un medio que facilitó la ejecución de los delitos. “No se debe olvidar que al dictarse la medida se dijo que una de las personas que colaboraron en la actividad que se le enrostra al renunciante fue un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativa. Por ahí podría sustentarse de alguna manera la relación con el cargo y mantener la competencia”.

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