El Consejo Nacional Electoral (CNE) creará una comisión especial para estudiar la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que falló a favor del senador Gustavo Petro y cuestionó la forma en la que procedió la Procuraduría.

Esta comisión busca determinar si se deben ajustar los procedimientos y reglamentos del CNE en relación con la revocatoria de inscripciones a cargos de elección popular e investigaciones administrativas sancionatorias, conforme al principio de convencionalidad y así dar cumplimiento al fallo de la CIDH, mientras que el Congreso hace las reformas correspondientes.

La CIDH aseguró que la inhabilidad interpuesta por la Procuraduría al exalcalde Gustavo Petro en 2013 no cumplió con el debido proceso ni respetó su derecho a la defensa, porque concentró facultades de investigación, acusación y sanción que no son compatibles con las convenciones internacionales.

Según la corte, el artículo 23 de la Convención Americana no permite que un órgano administrativo como la Procuraduría pueda aplicar sanciones que signifiquen restricciones a los derechos políticos de los funcionarios públicamente electos.

De esta manera, la CIDH determinó que el Estado debe reparar a Gustavo Petro con los salarios que dejó de recibir durante el tiempo que duró su inhabilidad y por los daños que le causó dicha decisión.

El caso que motivó la sentencia se origina en los contratos que hizo el exalcalde de Bogotá con la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la empresa Aguas de Bogotá para que estuvieran encargadas de la gestión y operación del servicio público de aseo en la ciudad.

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