La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tras más de 12 horas, confirmó que el proceso del exsenador Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos, estará en manos de la Fiscalía, al considerar que la investigación que se surte en su contra no guarda relación directa con su cargo de congresista.

La determinación la tomó la Sala en sesión extraordinaria citada el lunes y fue notificada a las partes, con ocasión de la renuncia del expresidente a su curul en el Congreso de la República. La jugada en el legislativo se registró, precisamente, para que el alto tribunal perdiera competencia sobre el proceso.

“Mediante decisión unánime, atendiendo a la renuncia a su condición de Senador, la Sala de Instrucción consideró que respecto de las conductas imputadas y por las cuales fue resuelta su situación jurídica (…) por tratarse de delitos comunes y, además, por no encontrarse vínculo alguno de los hechos con la actividad funcional de legislador, o que fueran su necesaria consecuencia, o el medio y oportunidad propicia para su ejecución o un desviado o abusivo ejercicio de funciones, resolvió remitir el proceso a la Fiscalía General para que, dentro del ámbito de sus competencias, continúe con la actuación respecto del excongresista Uribe Vélez”, señaló el documento del alto tribunal.

La Sala explicó que como Uribe Vélez se encuentra cobijado con casa por cárcel, por cuenta del Código de Procedimiento Penal aplicable para estos casos, Ley 600 de 2000, será entonces el Fiscal General de la Nación quien determine si se revoca o se mantiene dicha medida.

Respecto del proceso que se surte con el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, la Corte decretó la ruptura de la unidad procesal y, en consecuencia, la corporación continuará con el trámite respecto de este congresista.

“A partir de hoy se da inicio al procedimiento de entrega del expediente, compuesto por numerosos cuadernos, así como al copiado de múltiples medios magnéticos contenidos en el mismo”, dijo la Sala a a través de un comunicado.

ESPALDARAZO A LA PROCURADURÍA

La Procuraduría, por su parte, durante la semana le solicitó a la Sala de Instrucción remitir el expediente de Uribe Vélez, dado que con la renuncia a su curul perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes.

El Ministerio Público ratificó el llamado del procurador Fernando Carrillo Flórez, frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, y señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista a su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista.

“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos”, expuso el Ministerio Público.

A juicio de la Procuraduría, todos los funcionarios públicos desde el presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho.

Para el ente de control con la renuncia desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado el exsenador corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.

LO QUE SIGUE

De acuerdo con el penalista, Camilo Burbano, el trámite en la Fiscalía se seguirá por ley 600 del 2000. “Lo que viene es que el fiscal general tendrá que decidir si define una asignación especial para que siga con la investigación, y se seguirá el proceso en lo que va, es decir, acá ya hubo decisión jurídica, pero la defensa puede pedir que revoquen esa medida de aseguramiento y el fiscal tendrá que decidir”.

En este caso, según Burbano, la etapa probatoria continúa, y estará en manos del fiscal encargado del caso si llama a juicio a Uribe o si precluye la investigación en su contra. En caso de ser llamado, será llevado ante un juez del circuito y allí se decidirá si hay responsabilidad penal o no.

LA CONTRAPARTE

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda, afirmó que recusará al fiscal general Francisco Barbosa, debido a que su cercana amistad con el presidente Iván Duque, puede generar imparcialidad en el expediente.

“Lo que queremos decir es que habiendo acatado y respetado vamos a proceder a recusar al señor fiscal general de la nación y por supuesto, por esa misma línea también, a su subordinada la señora vicefiscal con relación a esta investigación que vemos que hay impedimentos objetivos”, dijo el congresista.

El senador señaló que el presidente Iván Duque también está impedido en este caso para enviar una terna, por lo que su intención es que sea la Corte Suprema de Justicia la que decida sobre quien sería el fiscal ad hoc que garantice una investigación eficaz y totalmente imparcial.

EL PROCESO

El proceso que tiene en jaque al expresidente Álvaro Uribe Vélez comenzó el pasado 16 de febrero de 2018. Ese día, la Corte Suprema de Justicia anunció su decisión de archivar la indagación preliminar que se abrió contra el senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos, hecho sobre el que no se encontró evidencia suficiente. Sin embargo, la Corte sí halló mérito para remitir copias con el fin de determinar si el senador del Centro Democrático habría incurrido en el mismo delito que denunció.

“Dado que en la aludida investigación se advirtió la existencia de amenazas y posibles ofrecimientos, al parecer con la participación de terceros, orientados a incidir en las declaraciones de varios de los testigos que comparecieron a declarar en dicho asunto y en otros, tramitados ante diferentes autoridades por los mismos hechos, la Sala ordenó expedir copias para investigar la posible participación del doctor Álvaro Uribe Vélez”, expresó la Corte Suprema en el auto con el que llamó a indagatoria al expresidente.

El contexto hacia pensar que el proceso terminaba ahí en lo que tenía que ver con la Corte, pero la defensa del expresidente apeló la decisión y además el alto tribunal recibió información que desde mediados de febrero habrían aumentado las presiones en contra de Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos clave en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del hoy senador y líder del Centro Democrático.

Desde ese momento, el alto tribunal decidió abrir una nueva línea de investigación en la que se recopiló evidencia sobre los contactos con Monsalve. “Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos”, dijo la Corte en el llamado a indagatoria.

La primera decisión que se tomó fue aumentar la seguridad de Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá, donde comenzó a ser vigilado las 24 horas del día y se le adaptó una cocina en su celda para que él mismo cocinara sus alimentos, luego de que se frustrara un intento de envenenamiento. También se decidió adaptar elementos de grabación de audio y video en la prisión para registrar las actividades relacionadas con Monsalve, incluyendo hasta un reloj que grababa audio y video.

El 21 de febrero, la Corte recibió por parte de Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, información sobre contactos con Monsalve a través de un conocido, quien le habría manifestado que un miembro del partido Centro Democrático en el departamento del Huila, quien, al parecer, era Álvaro Hernán Prada, que quería contactarlo para que supuestamente se retractara en su versión.

“Lo abordó y le pidió que tramitara –con él– un video en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones, que dicho video tenía que ser radicado con urgencia, el viernes. Agrega el interlocutor que le habían dicho que le iban a mandar un abogado”, dijo Carlos Eduardo López Callejas, quien era conocido de Monsalve.

Según la evidencia recopilada por la Corte, por esos días, el abogado Diego Cadena asistió a la cárcel La Picota, entre el 21 y 22 de febrero, para visitar a Monsalve, acción que se habría facilitado por intermedio de Eduardo Pardo Hasche, otro prisionero recluido en el penal.

El alto tribunal agregó que el 22 de febrero Cadena visitó a Hasche y al mismo tiempo asistieron al penal el abogado Jaime Lombana y la mamá de su novia, María Mercedes Williamson de Londoño, quien es familiar del recluso. Ellos se habrían reunido en un comedor; se sentaron en una de las mesas Lombana, Williamson y Hasche, mientras que en otra, ubicada a poca distancia, se ubicaron Monsalve, su abogado Héctor Romero, y Cadena.

“En desarrollo de la conversación el abogado Cadena le manifestó a Monsalve actuar en nombre de Álvaro Uribe Vélez, y le pidió firmar un documento previamente elaborado con el fin de presentarlo con el recurso de reposición interpuesto contra la decisión del 16 de febrero, cuyo término para sustentar se vencía al día siguiente, esto es el 23 (febrero)”, dijo el auto de la Corte.

A cambio de dichos documentos, agregó el alto tribunal, Cadena le habría ofrecido sus servicios para presentar una acción de revisión a la condena que paga en prisión, sin costo alguno, además de gestionar beneficios carcelarios y en eso habría intervenido Hasche para que aceptara. Al parecer, Monsalve se negó porque no quería que le iniciaran un nuevo proceso por falso testimonio que a la postre terminaría por aumentarle la pena a 35 años que paga en la actualidad por los delitos por concierto para delinquir y secuestro.

Sin embargo, Cadena lo visitó en dos ocasiones más en las que se habría acordado realizar un documento de puño y letra de Monsalve ofreciendo disculpas a Uribe y retractándose –según dijo la Corte– de la siguiente manera: “Fui víctima de una falsa ilusión ofrecida por ese senador (Cepeda), gestiones de las cuales el abogado Cadena, informó de inmediato al senador Uribe Vélez”.

Dicho documento se habría escrito con asesoría de Pardo Hasche con la intención de hacerlo llegar al abogado Cadena por intermedio de la pareja de Monsalve, Deyanira Gómez Sarmiento. Para ello se concertó una reunión en el centro de Bogotá el pasado 5 de abril, reunión sobre la que hay grabaciones, en la cual por alguna razón no se entregó el escrito.

Así mismo, la Corte dijo tener evidencia de que Álvaro Uribe Vélez contactó a personas en el exterior, con el fin de que ellas hablaran con Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra para que hiciera un video hablando a su favor. También habría contactado a personas para que ofrecieran testimonios que desacreditaran la versión de Juan Carlos Meneses, otro testigo en la investigación contra de Santiago Uribe.

El alto tribunal explicó que efectivamente la defensa de Uribe presentó solicitudes de anexo de pruebas, videos y cartas, en donde hay personas que afirman que las sindicaciones en contra del expresidente y su hermano corresponden a ofrecimientos hechos por Cepeda orientados a desvirtuar los señalamientos hechos por el senador en contra del congresista del Polo Democrático. Con estos textos se tratarían de desvirtuar los testimonios de Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve.

En el auto del alto tribunal también se afirmó que Cadena presentó solicitud de revocar la decisión que archivó la investigación contra Iván Cepeda y dijo actuar en representación de Álvaro Uribe Vélez, sin embargo, no presentó un poder que lo acreditara como tal.

En la investigación también se encontró que Cadena habría contactado a la exfiscal Hilda Jeaneth Niño, detenida por, aparentemente recibir sobornos de paramilitares investigados en el proceso de Justicia y Paz, para que declarara en el juicio contra Santiago Uribe Vélez. “A lo que accedió pidiendo a cambio ayuda para que, en cumplimiento de una acción de tutela ya fallada a su favor, se le fijara un nuevo sitio de reclusión en la Escuela de Caballería”, dije la Corte Suprema.

Bajo ese entendido, con base en las evidencias, testimonios, grabaciones y videos la Sala de Casación Penal tomó la cruenta determinación que tiene a un expresidente de la República en la palestra pública y casa por cárcel.

“De todo lo anterior, en criterio de la Sala, se vislumbra la posible participación de varias personas, y probablemente entre ellas, la del congresista Álvaro Hernán Prada Artunduaga, en el diseño y ejecución de un plan orientado a desviar la atención de la justicia y, por esa vía, hacer incurrir en error en las determinaciones que habrán de tomarse a la hora de ponderar la veracidad de las imputaciones que pesan en contra de los señores Álvaro y Santiago Uribe Vélez”, se leyó en el auto.

Con ese auto, conocido en julio de 2018, se abrió el proceso judicial que tiene en vilo no solo al expresidente Uribe, sino también a su bancada que termina siendo el mismo partido del actual Gobierno. Ahora, la pelota está rodando en la cancha de la Fiscalía.

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